MANUEL RAMOS. La comisión especial sobre «Reto demográfico» de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), presidida por la diputada socialista Gimena Llamedo, con Pablo Álvarez-Pire (PP) como vicepresidente y Laura Pérez Macho (Ciudadanos) como secretaria, convocó al presidente de Next Educación, Manuel Campo Vidal. Lo hizo junto al segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias (PP), la economista y feminista Carmen Castro, el presidente del sindicato agrario Asja, Ramón Artime, representantes de UGT, CCOO y FADE, el geógrafo de la Universidad de Cantabria, Pedro Reques, el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano y el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño. La Sala Constitución ese lunes 3 de mayo de forma telemática esta comparecencia, cuyo texto acaba de publicar el Diario de Sesiones y que comienza así:
«Déjenme ponerles un ejemplo muy reciente, como fue el decreto de alarma, de hace ahora un poquito más de un año, con relación a la pandemia: en un momento determinado se dijo que no se podía salir de casa para cultivar una propia explotación agraria, salvo que estuviera conectada con un circuito de comercialización. Bueno, la segunda parte es buena porque, gracias a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas y a las personas que trabajaban en los supermercados no se cortó la cadena de suministro alimentario, era muy interesante. Pero el que uno no pueda ir a cultivar su propio huerto… El funcionario que lo escribió y los funcionarios que lo aprobaron no han estado nunca en un pueblo y no saben que esa huerta es, probablemente, un elemento fundamental en la despensa de cualquier casa, de cualquier hogar, en la zona rural».
«Por suerte, la Guardia Civil fue más compasiva y más comprensiva que los que habían redactado —lo digo porque es así y está comprobado— el decreto. Y, bueno, al final ya se corrigió al cabo de unas cuantas semanas, y se hizo el ruido necesario, pero era otro ejemplo más de cómo son leyes aprobadas en las ciudades que luego nada tienen que ver o no son aplicables a la realidad del mundo rural. Como ha habido un par de intervenciones que me han precedido, y además ambas muy interesantes y muy densas, yo voy a tratar de ser muy esquemático en las cuestiones que quiero plantear. La primera cosa que quiero decir y me gustaría llevar al ánimo de esta Comisión es algo que digo también a las plataformas provinciales y a todo el mundo que está en marcha: hay que dar por acabada la política del lamento, hay que darla por acabada. Aquí se tienen que hacer propuestas y proyectos». Descargue la intervención completa aquí.
